2
de enero de 2004
Como lo venimos haciendo desde principios del año 2002, cuando comenzó a discutirse el probable aumento de tarifas de los servicios públicos a requerimiento de las empresas concesionarias, sostenemos que el Poder Ejecutivo Nacional debe proceder a la renegociación integral de todos y cada uno de los contratos de los servicios públicos concesionados durante la década de los 90’, tal como lo establece la Ley 25561, de Emergencia Económica, Cambiaria y Social.
En
el día de hoy se conocieron declaraciones del Jefe de Gabinete, Alberto Fernández,
en las que reiteró y ratificó la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de
proceder a la renegociación integral de los contratos analizando el
cumplimiento de las obligaciones de las concesionarias
y la satisfacción de los usuarios como requisito previo a un eventual
aumento de tarifas.
Ahora
bien, la convocatoria anunciada en el día de la fecha a
Audiencia Pública para analizar el precio del gas mayorista,
puede derivar en un aumento de tarifas al otorgar un incremento a cuenta,
tal como lo autoriza la Ley recientemente aprobada por el Parlamento y
severamente cuestionada por las entidades de usuarios.
Esta
Audiencia que debió ser realizada anteriormente y fue suspendida en dos
oportunidades por el gobierno que no estaba dispuesto a otorgar el aumento de
precios del gas en boca de pozo que reclamaban los productores, derivaría, de
no mediar acción de las autoridades en contrario, en el aumento del gas
mayorista y su incidencia en las tarifas de la distribución minorista.
Para
evitarlo, el Poder Ejecutivo Nacional puede reiterar
la suspensión de la Audiencia Pública que
ha convocado o anunciar la regulación del precio del gas en boca de pozo
a efectos de impedir la repercusión que un incremento de éste tendría sobre
el nivel de tarifas del servicio de gas y su incidencia en el costo de la
generación eléctrica.
Pedro A. Bussetti