Según el notable jurista, Jorge Mosset Iturraspe, una ley especial sobre el consumidor o sobre la defensa del mismo, tenga o no el nombre de estatuto, constituye una regulación equivalente destinada a contemplar la situación jurídica de una categoría de personas. Ocurre que la vieja regulación de los códigos clásicos, ha entrado en crisis, franca y definitiva.Se hace necesario un estatuto para alcanzar a todos los hombres que integran la sociedad civil. El consumidor no encuentra cabida ni protección en el Derecho Tradicional, ni en el Civil ni en el Comercial.
       Por ello, la reforma constitucional de 1994 incluyó en la máxima norma los derechos de los consumidores y usuarios. El artículo 42 establece:
       "Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y vceraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno."
       "Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios".
       "La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicio públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control"

   La autoridad de aplicación de la ley 24.240 es la Secretaría de Defensa de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor de la Nación. Las provincias argentinas que quieran aplicar en su jurisdicción las normas protectivas de los derechos de los consumidores deben adherir a dicha ley.
       No todas las provincias argentinas lo han hecho y por ello no existen en todas ellas organismos estatales de defensa del consumidor.
       En la ciudad de Buenos Aires por ejemplo, el organismo de aplicación de la ley es la Secretaria de Defensa del Consumidor, con sede en Esmeralda 340, de la ciudad de Buenos Aires. Dicho organismo recepciona denuncias, soluciona conflictos mediante la conciliación de partes, fiscaliza el cumplimiento de la ley y sanciona a los infractores. Descentraliza su labor en los Centros de Gestión y Participación ubicados en distintos barrios de la Capital Federal.
       En la provincia de Buenos Aires, la autoridad de aplicación es la Dirección de Comercio Interior, quien a su vez descentraliza la aplicación de la ley a través de las Oficinas Municipales de Información al Consumidor ( OMIC ) .
       En otras provincias ( ver listado más abajo ) la aplicación de las normas de defensa del consumidor se efectúan a través de las Direcciones de Comercio, de Comercio Interior o con otras denominaciones relativas al área.
       En general estas dependencias oficiales atienden las denuncias y reclamos de los consumidores y resuelven conflictos mediante el sistema de la conciliación de partes. Algunas jurisdicciones fiscalizan y sancionan las infracciones a la ley del consumidor.
       Para efectuar reclamos y denuncias el consumidor debe realizar una presentación por escrito, adjuntando la documentación pertinente, acompañándola de  copias de la misma.
       En un plazo que puede oscilar entre 15 y 30 días , según las disposiciones del  organismo en particular, se realiza la audiencia de conciliación entre las partes. En caso de rechazo por parte del consumidor de la propuesta de acuerdo presentada por la empresa, aquel puede requerir el tratamiento judicial del caso.

       El arbitraje de consumo es un sistema de adhesión voluntaria al que tanto empresas como consumidores han de manifestar su voluntad de sometimiento para la resolución de conflictos que pudieran surgir entre ellos. Mediante ese sistema se someten cuestiones de conflicto a la decisión de árbitros no judiciales a fin de que emitan un dictamen que resuelva el conflicto planteado entre las partes. Lo hacen mediante un procedimiento rápido, sin costo para el consumidor y de resolución vinculante y ejecutiva.
         De acuerdo a las normas argentinas el Tribunal Arbitral es tripartito, con un presidente y dos vocales. La presidencia le corresponde a la Autoridad de Aplicación y los vocales a las asociaciones de consumidores y a las representaciones empresariales.
         El procedimiento arbitral se inicia mediante escrito de solicitud firmado por el reclamante o por la asociación de consumidores que lo represente, en su nombre y representación.
         Admitido el arbitraje se remite a la parte reclamada para su conocimiento y aceptación. El trámite de la audiencia es privada y ambas partes cuentan con el asesoramiento de sus respectivos entidades. Pueden acordarse pactos conciliatorios previos a la audiencia del Tribunal con lo cual las actuaciones caducan.
        El laudo arbitral tiene carácter vinculante y ejecutivo para ambas partes sin que existan segundas instancias arbitrales.
        El sistema de Tribunales Arbitrales de Consumo se encuentra vigente solamente en el ámbito nacional. Ninguna provincia ha adoptado este mecanismo de resolución de conflictos.

  La Constitución Nacional en su artículo 86 crea la figura del Defensor del Pueblo, estableciendo que éste es un órgano independiente instituído en el ámbito del Congreso de la Nación, que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad.Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración; y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas.
      La Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en su artículo 55 establece la creación del Defensor del Pueblo, ampliando las facultades que otorga la Constitución Nacional, a las fuerzas de seguridad y los servicios públicos.
      El Defensor del Pueblo es un tramitador de los asuntos públicos, que carece de jurisdicción pero investiga, critica, hace públicas sus opiniones, recibe denuncias y las traslada al Congreso y a la opinión pública. No revoca ningún acto administrativo, pero con su tarea es un eficaz supervisor de la administración, colaborando en que ésta cumpla su cometido.
      El Defensor del Pueblo opera como un verdadero control preventivo de la actividad administrativa, que asegura el equkilibrio del sistema político social y le evita posibles o inminentes violaciones. Tiene leigitimación procesal, de forma tal que puede interponer todo tipo de acción judicial contra la administración, en caso de que ésta no cumpla la ley.

      Los entes reguladores tienen como objetivo la defensa de los derechos de los usuarios y consumidores - cuya tutela ostenta la jerarquía de derecho fundamental en la Constitución Nacional - y el respaldo de sus legítimos intereses, en especial a través del control de gestión dirigido a asegurar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los concesionarios y a la preservación de los objetivos irrenunciables: la protección y vigilancia del interés de la sociedad y el resguardo ambiental.
        Los marcos regulatorios de los servicios públicos deben asegurar el equilibrio entre los participantes de la prestación del servicio - empresa y usuario - que poseen una desigualdad capacidad de poder y negociación en desmedro del usuario.
        La acción de los entes reguladores representa la intervención del Estado,  como concedente de estos servicios, en su indelegable función de amparo de los intereses generales de la sociedad. Por estar en juego la eficaz prestación de servicios esenciales, que el Estado ha delegado a empresas privadas, no cabe a éste abdicar de tan primordial función.
        Una economía desregulada, en la que el Estado ha delegado la responsabilidad de la prestación de los servicios en terceros, quienes en afán de obtener ganancias pueden abusar de su posición asimétrica con respecto a  los usuarios, requiere un Estado donde la ley, la regulación del poder, no  sólo sea un sistema mítico sino que tenga vigencia práctica.
      Los entes reguladores deben tener independencia política, capacidad profesional y voluntad de información. Deben garantizar el pleno acceso de los consumidores y usuarios a los entes reguladores a fin de interponer sus quejas o reclamos respecto al cumplimiento de las obligaciones contraídas por las empresas prestatarias respecto a la calidad del servicio, la formación de precios, tarifas y la debida información al usuario.

   Las Asociaciones de Consumidores,  constituídas como personas jurídicas, están legitimadas para accionar cuando resulten objetivamente afectados o amenazados los intereses de los consumidores. Tienen como finalidad la defensa, información y educación del consumidor para lo cual deben observar el cumplimiento de las leyes, decretos, resoluciones de carácter nacional, provincial o municipal, y toda otra norma que haya sido dictada para proteger al consumidor.
     Pueden proponer a los organismos competentes el dictado de normas jurídicas, administrativas o legales, destinadas a restituir y/o proteger a los consumidores. En tal sentido pueden colaborar con los organismos oficiales o privados, técnicos o consultivos para el perfeccionamiento de la legislación o materia referida al consumidor
     Deben asesorar a los consumidores sobre la legislación que los  protege y sobre el consumo de bienes y el uso de servicios, precios, condiciones de compra, calidad y otras materias de interés.
     Recibir reclamos de consumidores y promover resolución de los conflictos en las relaciones de consumo, como también defender y representar los intereses de los consumidores ante la justicia, autoridad de aplicación y/u otros organismos oficiales o privados
    Organizar, realizar y divulgar estudios de mercado, de control de calidad, estadísticas de precios y suministrar toda otra información de interés para los consumidores.
    Promover la educación del consumidor y realizar cualquier otra actividad tendiente a la defensa y la protección de sus  intereses.