Señores Asociaciones:
Quiero compartir con Uds. el texto del mail que mandé en el día de la fecha
al Banco Mundial:
Envío el presente en mi carácter de Representante de los Usuarios en la Comisión
de Renegociación de Contratos de Obras y Servicios Públicos del Ministerio de
Economía (Resolución Mecon N° 58/2002).
Me parece bueno recordar que la política de servicios públicos debiera tener
por objetivo su desarrollo eficiente que permita contar con el mejor servicio al
menor costo posible, garantizando el derecho de los usuarios a acceder al mismo.
Lamentablemente el proceso privatizador teóricamente se realizó en beneficio
de los usuarios y no del de las empresas prestadoras, cuyos derechos deben
respetarse sin afectar el de los consumidores, que fue sistemáticamente
menoscabado en estos diez años de gestión privada como resultado de la falta
de mecanismos de regulación y de control idóneos e independientes que amparen
adecuadamente el derecho y los intereses económicos de los usuarios.
En virtud de ello, teniendo en cuenta que la falta de participación de los
usuarios en el proceso de privatización fué una de las causas de dicha situación,
es que solicito se me otorgue una entrevista con la misión del Banco Mundial
que próximamente llegará a la Argentina para analizar los
servicios públicos.
El apartado II.F22 del Memorandum de Políticas Económicas del Gobierno
Argentino para un Programa de Transición en el 2003, suscripto entre el
gobierno nacional y el FMI, dispone que el gobierno ha solicitado "... la
asistencia del FMI/Banco Mundial para revisar en febrero la situación
financiera de las empresas de servicios públicos privatizadas y para ayudar
a desarrollar un nuevo marco regulatorio que podría reemplazar los controles de
precios y tarifas actuales y facilitaría la reestructuración de las deudas por
parte de las empresas prestadoras".
Una vez más el estado nacional otorga al Banco Mundial un papel protagónico en
el diseño de la política pública de servicios públicos. Ello torna
indispensable que esta institución tenga en cuenta la posición de los usuarios
afectados expresada a través de sus representantes reconocidos por el mismo
estado nacional y es por ello que no sólo le solicitamos la referida entrevista
sino que además nos contacten con los funcionarios del FMI que se ocuparán
conjuntamente con el BM de estas cuestiones.
El propósito de la reunión que solicito es crear un sistema de comunicación
permanente que le permita contar al FMI y al BM con la opinión de los usuarios
sobre los temas en cuestión.
Este mecanismo resulta insoslayable si se tiene en cuenta que somos los usuarios
quienes sostenemos los servicios públicos a través de la tarifa y realizamos
un importante aporte al fisco con el 40% de impuesto al consumo que pagamos con
cada una de las facturas de tales servicios. El aporte financiero de los
usuarios es hasta la fecha muy superior al de cualquier acreedor financiero de
cada sector.
Atentamente.
Ariel R. Caplan
