6 de Noviembre de 2004

"Tiempo" Diario de la Mañana de 9 de Julio

INTIMACIONES DE LA EX AZURIX
"Podríamos estar ante un delito"

El HCD recibió ayer a la Comisión de Usuarios y DEUCO, aprobando emitir una resolución, solicitando a la Provincia una rápida respuesta en ese sentido. El titular de esta última entidad fue duro en sus conceptos contra la ex prestataria del servicio de agua y cloacas.

Conforme este matutino lo anunciara en su anterior edición, en horas del mediodía de la víspera, se concretó en la sala de sesiones del H. Concejo Deliberante local una trascendente reunión entre los concejales de las distintas bancadas que conforman el cuerpo y los integrantes de la Comisión de Usuarios y Consumidores de 9 de julio, quienes estuvieron acompañados en la oportunidad por el titular de Defensa del Usuario y el Consumidor (DEUCO), Pedro Bussetti.

El tema central giró en torno a las intimaciones para el cobro de deudas atrasadas que la ex prestataria del servicio de agua potable y cloacas en 71 localidades del interior bonaerense Azurix S.A. - a través de un estudio jurídico que compró la deuda- a vecinos de toda la provincia, sobre las cuales se ha recomendado especialmente desde las entidades que nuclean a los usuarios "no pagar y  no suscribir ningún acuerdo o plan de pago hasta tanto no haya una resolución formal del Gobierno provincial".

Pedro Bussetti evaluó tras la reunión que el encuentro con los ediles "resultó muy positivo, con plenas coincidencias de todos los sectores respecto a la necesidad de obtener una respuesta de la provincia respecto a las intimaciones que la ex concesionaria ha realizado a los usuarios de esta ciudad".

 "Los concejales acordaron emitir una Resolución, solicitando a la provincia una rápida respuesta sobre este tema, de modo tal que los usuarios de 9 de julio sepan a que atenerse", anticipo el titular de Defensa del Usuario y Consumidor, recalcando que desde la óptica de la entidad "no corresponde que Azurix cobre estas deudas, sino que debe hacerlo la provincia, a través del Bapro y de la empresa ABSA".

DUREZA CONTRA LA ACTITUD DE LA EMPRESA

"Como sucedía cuando esta empresa se encontraba al frente del servicio, con constantes incumplimientos del contrato, irregularidades, sobrefacturación y todo un manejo muy contradictorio; una vez más mientras está pretendiendo plantear un juicio a la Nación en el ámbito internacional, pidiendo una indemnización de 566 millones de dólares, en el orden interno pretende obtener 100 millones de pesos por una deuda que los usuarios tienen, pero que de acuerdo a las normas vigentes -como el Decreto 508 del Gobierno bonaerense, la Resolución 20 del ORAB y un fallo de la Cámara Nacional en lo Comercial que determina que ese derecho le corresponde a la provincia-, ahora Azurix permanece en una actitud de no respetar las leyes internas", recalcó con dureza Pedro Bussetti.

En este plano, aseguró que hay intimaciones que resultan "absurdas" por lo desproporcionado del origen de la deuda y el monto que se está pidiendo, citando el caso de una vecina de este medio a la que se le reclaman $ 36.000.

"Desconocemos los criterios de aplicación de intereses punitorios y compensatorios, por lo que insistimos que la Provincia debe determinar si corresponde que Azurix cobre esa deuda, y en caso afirmativo, cuáles serían los márgenes de cobrabilidad y los intereses; mientras que si no correspondiera, estaríamos ante un delito", concluyó en este aspecto el responsable de DEUCO.

RECOMENDACION A LOS USUARIOS

Bussetti recalcó especialmente que estas intimaciones "son de carácter prejudicial", por lo que "no existe necesidad de que los usuarios salgan corriendo a atender esta demanda".

"Debemos esperar la respuesta que dará la Provincia y que la misma sea positiva, ya que estamos ante una importante cantidad de casos", remarcó.

ACTUALIDAD DE DEUCO

Por último, en este plano, Bussetti remarcó que el accionar de la entidad se ha centralizado en el control de las empresas prestatarias de servicios públicos privatizados y el debate sobre el nuevo marco regulatorio que ha enviado al Congreso  el Gobierno Nacional.